Posverdad es el término “cool”, o quizás más aséptico, para denominar lo que de toda la vida no ha sido más que una mentira. Es una verdad a medias, o basada en intuiciones y no en datos, o una mera opinión envuelta en apariencia de hecho irrefutable. Es esta dichosa moda de no llamar a las cosas por su nombre.

En la campaña electoral hemos asistido impertérritos a un uso desmedido de esta figura. Al final todo va tan rápido que ni siquiera da tiempo a rebatirlo y acaba creándose todo un relato paralelo, pero no por ello menos falso, que los seguidores de uno u otro partido, ajenos a toda crítica y vestidos siempre de ultras, se encargan de reiterar hasta el hartazgo.

Me repugna citar a un personaje tan siniestro como Goebbels, pero tenía mucha razón al afirmar que una mentira repetida un número conveniente de veces, se convierte en verdad.

En esto de la posverdad hay que reconocer (a cada uno lo suyo) que el PSOE ha sido tradicionalmente un gran experto y que su Ministerio de Educación va camino de convertirse en especialista gurú en la materia.

Un ejemplo paradigmático ha sido la reciente intervención, tan aciaga, de la Ministra Celaá en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas “Magister”, en la que lejos de cualquier improvisación (el texto estaba escrito y acudía a un Congreso donde ni siquiera el tema era la libertad de enseñanza, sino la figura del maestro), fue con la clara intención de espetar su nueva estrategia de ataque a la concertada, consistente en reescribir, más que reinterpretar, la libertad de enseñanza del texto constitucional.

Pretender sacar de la libertad de enseñanza constitucional la libertad de elección de los padres no solo es una barbaridad inadmisible desde una perspectiva democrática, sino que ni siquiera se sostiene jurídicamente. Es decir, si la libertad de elección de tipo o modelo de educación no formara parte de la libertad de enseñanza reconocida en el art. 27 CE, habría que incluirla, por salud democrática, pero no hará falta, porque lo cierto es que es parte de su contenido, por mucho que la Ministra manipule y retuerza alguna sentencia puntual para justificarse.

No voy a rebatir aquí jurídicamente dicha manifestación, porque ya lo hice en un extenso y pormenorizado hilo de twitter, al que me remito. Allí podrán encontrar: referencias a la mención a la libertad de enseñanza del art. 27.1 CE, que la Ministra obvia (más allá de la libertad de creación de centros del art. 27.6 CE y de la libertad de cátedra del 20.1c CE), y el que debe considerarse su contenido necesario, marcado por la DUDH y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como manda el art. 10.2 CE; el uso grosero que hace de la STC de 1981, y su correcta interpretación; el reconocimiento de que ningún derecho es absoluto, pero que el análisis de los límites lo que supone es que el derecho existe y no su ausencia; y la alusión a otras STC que han reconocido expresamente que la libertad de elección de tipo de educación conlleva tanto la libertad de elección de centro como la de la formación religiosa y moral de los hijos.

Esta actuación de la posverdad ministerial no es en absoluto novedosa, y así, por ejemplo, en los últimos tiempos hemos asistido a que se haya hablado de un inventado “derecho a la educación pública”, para sustituir al único existente constitucional derecho a la educación, o se haya dicho que la concertada la inventó el PSOE en el año 1985, cuando, en realidad, los centros de iniciativa social ya existían (y aún antes que los públicos, porque en España la Iglesia se encargó de esto de la educación, también de los más desfavorecidos, mucho antes que el Estado) y ya estaban financiados con dinero público mediante el sistema de subvenciones.

La razón de este invento lo dio la propia Ministra, en su misma declaración en el Congreso de Escuelas Católicas, y lo reiteró de forma semejante Fernando Gurrea, Subsecretario de Estado de Educación, en una mesa redonda en el Congreso de Católicos y Vida Pública dedicado a la libertad de educación justo al día siguiente, cuando afirmaron ambos que había que despojar a la Constitución de su entorno histórico y de toda la carga ideológica de su momento. Parece evidente ahora que para dotarla de una nueva carga ideológica más acorde a sus intereses. Gurrea concluyó su intervención diciendo que el art. 27 de la Constitución era el único precedente de consenso y que el supuesto Pacto por la Educación (que ya nadie espera) debería partir del mismo (como tantas veces se ha solicitado desde la escuela concertada topándose con la obstinada sordera de la Administración). Lo que ha cambiado es que ya no se refieren al artículo 27 CE del contenido original, sino a éste, descafeinado y mermado por la exclusión de la libertad de elección de los padres.

Sí; el Ministerio se está fabricando un art. 27 CE a medida. Que el texto constitucional o la jurisprudencia no te estropeen una buena posverdad,… o, una mentira a secas, como prefieran.

Jesús Muñoz de Priego Alvear
Abogado especialista en Derecho Educativo
Twitter: @JMunozdePriego

PDF papel: Magisterio 27.11.2019

PDF online: Magisterio 27.11.2019